790 periodistas y activistas se encuentran bajo amenaza de muerte en México
El Gobierno mexicano admite que el mecanismo de protección para los activistas y reporteros del país presenta fallas tecnológicas y de coordinación entre las autoridades
790 periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran bajo amenaza de muerte en México por realizar su trabajo. Esta es la cifra de personas adscritas actualmente al mecanismo de protección para activistas y comunicadores implementado por el Gobierno federal. El programa, creado en julio de 2012, no ha frenado la violencia contra los denunciantes. Desde el 1 de diciembre, fecha en que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador, a la fecha han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos, según cifras oficiales. La estadística sigue creciendo. El domingo ocurrió el homicidio del reportero deportivo Omar Iván Camacho en el Estado de Sinaloa, un caso que está bajo investigación por la fiscalía local.
498 de las 790 personas adscritas al mecanismo son defensores de derechos humanos. 292 son periodistas. La capital del país y los Estados de Veracruz y Guerrero concentran la mayoría de los casos de protección, ha informado este lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Con nueve homicidios en 2018, México ha sido identificado por segundo año consecutivo como la nación en paz más peligrosa para la prensa según Reporteros Sin Fronteras y enfrenta una escalada de violencia que ha rebasado las medidas de contención de las autoridades. En enero fueron asesinados en extremos opuestos del país, el periodista Rafael Murúa, en Baja California Sur, y el defensor Noé Jiménez, en Chiapas. Ambos eran beneficiaros de este supuesto programa de protección.
Encinas ha reconocido que el mecanismo reporta deficiencias tecnológicas y de los escoltas que están al cuidado de los reporteros y activistas. A estas fallas se suman la desconfianza de los beneficiarios con las autoridades. Prueba de ello es que de los 792 botones de pánico que podrían servir de alerta ante una situación de emergencia, 209 usuarios los han tenido apagados durante más de medio año. Entre las razones de sus portadores sobresale que “no quieren que las autoridades sepan dónde se encuentran”, ha referido Encinas.
El Gobierno mexicano asegura que el programa no desaparecerá, sino que se pondrá en marcha una renovación que incluye la realización de una auditoría al fideicomiso que gestiona los recursos de la compañía proveedora de seguridad y la evaluación de los escoltas. La empresa privada RCU es la encarga de brindar escoltas a las casi 800 personas adscritas al programa. En una primera revisión de la compañía se han detectado sobrecostes en el servicio y que no todo el personal está autorizado para portar armas.
La propuesta de la Administración de Morena será migrar estas tareas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Federal. “Por lo delicado de los servicios de protección se extenderá el contrato con la empresa privada a costos menores del actual, en un 15% promedio, mientras se revisa y concreta la migración de los servicios de protección a instituciones de Gobierno”, ha indicado Encinas. Este año el mecanismo contó con un presupuesto de 207 millones de pesos (10,8 millones de dólares), cifra similar a la de 2018.
Los recursos se han mantenido en el mismo sitio, mientras las solicitudes de incorporación han ido en ascenso. En 2012 apenas fueron 19 de estos casos fueron admitidos, mientras que 2018 cerró con 102 nuevos registros. Cristina Medina, periodista de Baja California Sur, ha advertido que año con año la escalada de violencia contra la prensa ha llevado a la autocensura de los reporteros, quienes han preferido abandonar la profesión o dejar de denunciar los abusos de políticos, empresarios y grupos criminales en la Entidad.
Ana Ruelas, directora regional de la organización Artículo 19, que denuncia las agresiones contra la prensa, menciona que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue claro en las medidas que van a llevar a cabo para combatir la impunidad que rodean a las agresiones contra la prensa. “Aún faltó un poco de claridad sobre cómo van a hacer para que haya una efectiva rendición de cuentas por parte de la Fiscalía general para decir cómo están investigando los casos de los periodistas que se acercan al mecanismo de protección”, ha señalado.
