El sitio Agencia Fronteriza de Noticias publicó la siguiente carta abierta n defensa del gremio periodístico:

 

C. ENRIQUE PEÑA NIETO,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA
C. FRANCISCO VEGA DE LAMADRID,
GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A LA OPINION PÚBLICA
P R E S E N T E S

TIJUANA, BC 10 DE ABRIL DE 2018

Los periodistas de Baja California nos dirigimos a ustedes debido a las amenazas de muerte, hostigamiento, campañas de difamación y presión que hemos tenido por denunciar antecedentes y la forma de operar en la entidad de un grupo que se hace llamar “Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos” del que dice ser presidente y fundador el Sr. Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, quien a pesar de tener antecedentes penales en Estados Unidos y México, hoy hace alarde de que cuenta con la protección de autoridades federales y hasta de instituciones norteamericanas.

Para fundamentar sus dichos Iván Riebeling como muchos lo conocen, ha sido hábil para entrar a eventos oficiales, tomarse fotos con altos mandos de fuerzas policiacas federales, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, ente otras personalidades con nivel diplomático y subirlas a redes sociales para demostrar sus “supuestas” relaciones, con lo cual logró abrirse puertas en delegaciones federales de Baja California para incluso dar hasta cursos de capacitación a fuerzas policiacas.

Paralelamente el citado individuo ha sido incluido en los protocolos de protección que ha implementado la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra Libertad de Expresión en los que atiende a periodistas y defensores de derechos humanos, lo cual lo alentó a presentar ante esta instancia a Mariano Soto Cortez, quien se dice director del Portal “Tijuana Sin Censura” y que también se ostenta como otro integrante del citado Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos con un nombramiento de Representante Internacional de Periodistas.

Ambos sujetos se han dedicado a denostar la imagen de periodistas con trayectoria, serios y reconocidos en Baja California, además de lanzar amenazas de actos terroristas contra funcionarios estatales e instituciones, sin que ninguna institución proceda en contra de ellos  lo cual nos pone en un serio riesgo, pues por ejercer la labor periodística al presentar antecedentes de ambos hemos sido hostigados en sus espacios, con lo cual alientan a sus seguidores a agredirnos, no sólo en redes sociales, sino hasta hacer advertir que quienes nos hemos atrevido a señalarlos podernos ser víctimas de carteles de narcotráfico.

Por lo anterior los periodistas de Baja California exigimos lo siguiente en el ámbito de sus competencias:

1.            Que los gobiernos Federal y del Estado nos garanticen la seguridad que obligadamente deben ofrecer como todos ciudadano para que continuemos ejerciendo la labor periodística de informar con seriedad responsabilidad y sustento, sin la necesidad de salir a las calles acompañados de policías armados, como ya ocurre a algunos de nuestro colegas.

2.            Que investiguen nuestras trayectorias y la de los señores Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, sedicente presidente del autollamado “Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos” y Mariano Soto Cortez, sedicente periodista, partiendo de la amenaza de muerte que lanzó el primero de los citados contra nuestro compañero Odilón García.

3.            Que dejen de ignorar sus publicaciones como no lo hacen con las de periodistas serios y con reputación, pues les han restado seriedad a sus amenazas, a sus teorías disparatadas sin tener mayor consecuencia legal de ello, a pesar de que los periodistas formales hoy debemos apegarnos a una serie de lineamientos que marca el Nuevo Sistema de Justicia Penal y que ellos no respetan en lo absoluto, sin que alguna institución o juez proceda contra ellos, a pesar de que no muestran el más mínimo respeto a lo que marcan las leyes.

4.            Que les retiren la protección federal que actualmente reciben o aclaren si recibir la protección de los protocolos establecidos para ello incluye otorgarles un permiso para atacar, difamar o amenazar a periodistas y hasta representantes de órganos debidamente acreditados como defensores de derechos humanos

5.            Que se investigue la situación fiscal de los mencionados Riebeling y Soto, ya que existen dicen contar con sus propios recursos para financiar sus campañas en las que el primero de los citados regala dólares en efectivo públicamente cuando organizaciones civiles con mucha más trayectoria y reconocimiento en Baja California hoy están limitadas por la Ley contra el lavado de Dinero para recibir donaciones. Mientras que el Sr. Soto ha reconocido que recibe ingresos publicitarios en sus páginas de Internet, lo cual lo obligaría a responder hacendariamente como lo hacen todos los medios de comunicación.

6.            Los periodistas de Baja California queremos confiar en nuestras leyes, instituciones y la eficiencia de las autoridades y pedimos su oportuna intervención ante la campaña de descredito en la que alientan a atentar contra nosotros, cuando se atreven a amenazar a autoridades del nivel del Gobernador del Estado, el General de la Segunda Zona Militar, lo cual se convierte en una amenaza terrorista a la que estamos expuestos todos los que cubrimos eventos de estos representantes, sin contar con la incertidumbre psicológica en la que hoy nos encontramos varios de los integrantes del gremio periodístico por la falta de intervención y aplicación de la ley de manera oportuna, sobre todo cuando advierten que tienen nuestros teléfonos intervenidos, lo que se constituye en una delito federal que amerita una investigación.

A T E N T A M E N T E